Consejo Privado Anticorrupción expresa su preocupación respecto a los proyectos de ley que afectan y debilitan el arbitraje institucional

Lima, 17 de mayo 2017.-  El Consejo Privado Anticorrupción - CPA muestra su preocupación frente al dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, a favor del Proyecto de Ley N° 1206/2016-CR, que fuera aprobado por el Pleno del Congreso de la República el pasado 4 de mayo. Este, propone, entre otros, la derogación de la modificación del artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de eliminar la obligatoriedad del arbitraje institucional en la contratación pública, lo cual constituye un avance importante avance en la lucha contra la corrupción.


Según la Comisión de Constitución, establecer la obligatoriedad del arbitraje institucional en las contrataciones del Estado es inconstitucional, ya que constituye una injerencia sobre la libertad contractual del contratista al imponer que la solución de controversias se defina mediante una modalidad de arbitraje específica.

En el CPA consideramos que la propia Constitución permite al Estado establecer la mejor regulación posible para la resolución de sus controversias contractuales en aras de cautelar su patrimonio, teniendo en cuenta que se trata de recursos públicos y que debe protegerse el interés general; razón por la cual con el Decreto Legislativo N° 1341 se estableció como mecanismo de solución de controversias el arbitraje institucional para las contrataciones públicas.

Cabe resaltar que dicho decreto legislativo recogió la recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad que señalaba que el arbitraje en materia de contratación pública debería ser únicamente institucional, tomando en consideración las ventajas que tiene este sobre el arbitraje ad hoc en materia de transparencia, seguridad y predictibilidad, y, los numerosos casos de arbitrajes ad hoc que han resultado perjudiciales al Estado.

En el mismo sentido, mostramos nuestra preocupación por el Proyecto de Ley N° 1088 que se está debatiendo en la Comisión de Justicia, que afectará seriamente el arbitraje institucional debilitando las funciones que tienen las instituciones arbitrales para regular su nómina de árbitros y dejando abierta la posibilidad de legitimar en un arbitraje institucional a árbitros cuestionados éticamente y moralmente, que no cumplirían con los filtros y estándares que las instituciones arbitrales establecen.
 
Por lo tanto, desde el CPA invocamos al Congreso de la República a que garantice la máxima transparencia en el sistema de contrataciones del Estado en beneficio de todos los ciudadanos y el desarrollo del país. Por ello, consideramos necesario e imperativo revertir la situación actual por lo que solicitamos no se permita el arbitraje ad hoc en la contratación pública, pues los bajos niveles de transparencia evidenciados en este tipo de arbitrajes, donde no existen procedimientos definidos ni controles respecto de las designaciones de árbitros, aumentan considerablemente la posibilidad de que se generen actos de corrupción, los cuales solo continuarán mellando nuestra frágil institucionalidad. 
 
Finalmente, tenemos a bien exhortar a la Comisión de Justicia a que apruebe proyectos de ley que busquen fortalecer el arbitraje institucional, lo cual no se conseguirá con el Proyecto de Ley N° 1088, que modifica el Decreto Legislativo que norma el arbitraje, pues generará una regulación innecesaria que solo nos distancia de los estándares internacionales en materia arbitral y no contribuirá a la lucha contra la corrupción.

Sobre el Consejo Privado Anticorrupción 

El Consejo Privado Anticorrupción-CPA, conformado por 17 instituciones privadas, es una iniciativa que tiene como objetivo liderar los esfuerzos que permitan tener una sociedad con valores, donde no se tolere la corrupción y prime la transparencia; y cuya clase empresarial se comporte de acuerdo a los estándares más altos de gobierno corporativo.    

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