Aquella norma tan esperada por muchos -y resistida por otros- por fin vio la luz. Me refiero al Reglamento de la Ley N° 30424 que regula la responsabilidad administrativa (penal) de las personas jurídicas.

Hay dos aspectos en los que me quiero centrar respecto a esta norma legal. Uno positivo y el otro negativo. Y como no hay opción a someter a debate por cuál empiezo, lo haré con el lado negativo.

Lo que me preocupa del reglamento es su existencia en sí. Curiosamente, o no, el Perú es el primer país en el mundo que establece un nivel de legislación tan detallado para un concepto como el de prevención de delitos; ningún otro país ha reglamento esto.

Esto denota que tal vez, no estamos entendiendo el concepto que está detrás del modelo de prevención, que es, paradójicamente, el de autorregulación. De hecho, el mismo reglamento se encarga de acentuar ello. La idea central de tener un modelo de prevención de delitos es que cada persona jurídica debe de autorregularse de acuerdo a su naturaleza ¿por qué entonces forzar la situación al punto de pretender decirle a la persona jurídica cómo debe de autorregularse? No es casual que en el Perú se emitan veinte mil normas legales al año.Queremos regular todo para evitar interpretaciones escurridizas. Queremos controlar, vía regulación, los espacios de libertad de las personas.

Para hacer el balance, no obstante, hay que identificar también el lado positivo de la norma (si es que hay uno). No perdamos de vista para ello la segunda disposición complementaria final. Ese precepto legal entiende que el modelo de prevención debe de insertarse dentro de un orden, y que por eso, es válido “colgarse” del sistema de prevención de lavado de activos (SPLAFT); en el caso que la persona jurídica lo tenga. Es decir, por fin arribamos el concepto sistémico que no debe de estar divorciado del equilibrio natural (y autorregulado) que presenta cada persona jurídica. Entender el compliance como un orden -y no solo un sistema de gestión- es, entonces, crucial.

Lo cierto es que el éxito de esta norma y de otras colaterales (como el mismo SPLAFT o protección de datos personales, por ejemplo), dependerá del trípode que tanto a nivel de personas jurídicas como de Estado, fundamenta el camino del cumplimiento: normas inteligentes (“procedimentología” coherente y necesaria), operativos sostenidos (es decir, que “rueden cabezas” para demostrar que la norma se cumple o con anglicismo “enforcement”) y educación (que no solo es adquisición de conocimientos, sino también sensibilización: cumplimiento de la ley y ética).

Menos leyes y más autorregulación. 
Por Eduardo Herrera - Director Ejectivo del CPA

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